La sentencia condenatoria a Laura Borràs acaba con un caso que se ha prolongado durante los últimos cinco años y que se inició por un hecho fortuito: el error de una trabajadora de Correos que se equivocó al colocar un sobre en un buzón y que acabó destapando un caso de corrupción que alcanzó a la líder de Junts. El error lo descubrió la remitente de aquel paquete. Fue a la oficina de Correos en el municipio de Castellbell i el Vilar y al recoger la correspondencia descubrió un sobre que no esperaba. En el interior se hallaban veinte billetes de 50 euros. La señora fue a la policía que le confirmó que aquel dinero era falsificado. El sobre estaba a nombre de Isaías Herrero y debía haber sido colocado en el buzón que quedaba justo al lado de la señora que lo descubrió. Herrero, era un joven con problemas con las drogas que empezaba a delinquir para pagarse sus adiciones. Pero también resultó ser amigo y empleado de Laura Borràs que por entonces era la presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), un organismo dependiente de la conselleria de Cultura que vela por la promoción de la literatura catalana. Herrero se encargaba del mantenimiento del portal informático de la institución contratado por la presidenta. Los Mossos investigaron al receptor de aquella moneda falsa, le pincharon el teléfono y captaron una en la que comentaba los trapis que hacía con Borràs en la ILC. Por el tema de las drogas y la moneda falsa, Herrero fue condenado a 5 años de cárcel, si bien le fue conmutada a una pena de no cumplimiento a cambio de que no volviera a delinquir y que se sometiera a un tratamiento de desintoxicación.
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Sin embargo, a raíz de aquella conversación en la que implicaba a Borràs, los Mossos abrieron una nueva línea de investigación que acabó en el juzgado de instrucción 9 de Barcelona cuya titular es la magistrada Silvia López Mejía, que actualmente instruye entre muchos otros, el caso Negreira que salpica al Barça. La instrucción descubrió correos electrónicos que ponían al descubierto el amaño. Entre 2013 y 2017, Borràs y Herrero se pusieron de acuerdo para fraccionar 18 contratos y no superar nunca el umbral de los 18.000 euros que hubiera obligado a convocar un concurso público. La causa siguió la estela de la carrera política de Borràs. Cuando fue diputada en el Congreso la causa viajó al Supremo; y cuando fue nombrada presidenta del Parlament, causa fue enviada al TSJC.
La juez expulsó a los Mossos de la investigación después de que los medios publicaran un registro en el CTTI
En 2018, los Mossos practicaron una entrada y registro al Centro de Telecomunicaciones de Catalunya para apoderarse de los correos electrónicos de la ILC y hallar pruebas sobre las presuntas irregularidades cometidas por Borràs y Herrero. La información fue publicada en los medios y la juez acusó a los Mossos de haber filtrado la operación. En plena época de desconfianza de la justicia con la policía catalana tras lo ocurrido el 1 de octubre, la magistrada expulsó a los Mossos de la investigación a Laura Borràs y puso el caso en manos de la Guardia Civil que, como policía judicial, se encargó de finalizar la instrucción.
La presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, a su llegada este martes al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el pasado 14 de febrero de 2023
Los correos electrónicos hallados en el CTTI y analizados primero por los Mossos y luego por la Guardia Civil fueron las pruebas clave para apuntalar la acusación contra Borràs. La fiscalía concluyó que la líder de Junts no solo aconsejó sino que dio instrucciones a su amigo sobre cómo debía cometerse el fraude. La presidenta siempre ha mantenido que el fraccionamiento no era delito y que ningún miembro de la intervención le advirtió que aquello fuera irregular.