Madrid, Distrito Fiscal

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Las posibilidades de una moción de censura en la Comunidad de Madrid se reducen a casi cero

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El debate ya está abierto. Llevaba tiempo madurando y finalmente ha saltado al primer plano. Algunas de las grandes discusiones políticas suelen tener este tipo de evolución: nacen en la periferia del debate público, crecen sin llamar demasiado la atención, siguen creciendo y un día pasa un autobús que las transporta al centro del ágora.

Hace años que se discute en España sobre las generosas rebajas fiscales en la Comunidad de Madrid. Hace tiempo que se acusa a las autoridades regionales de Madrid de efectuar una desinhibida política de ‘dumping’ fiscal para atraer empresas y grandes fortunas, sin aumentar el gasto público en escuelas y hospitales. Hace tres años que Susana Díaz, entonces presidenta de la Junta de Andalucía, pidió una política de armonización fiscal en España, con el beneplácito de los demás dirigentes territoriales del PSOE y la bendición de la comisión gestora del partido, presidida por el presidente asturiano, Javier Fernández. Hace tres años, por tanto, que el socialismo andaluz planteó la cuestión, con total apoyo del ala ‘moderada’ del partido. Alfredo Pérez Rubalcaba no emitió ninguna señal de disgusto. Felipe González, tampoco. La actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se hallaba entonces al frente de la Hacienda andaluza.

Hace dos meses que el presidente valenciano Ximo Puig volvió a insistir sobre la cuestión con un discurso muy vigoroso en las Corts Valencianes. La preocupación por la financiación de la autonomía es una constante en València y empezó a adquirir gran fuerza tras el escándaloso derrumbe del modelo de gestión del PP valenciano en la crisis económica iniciada en 2008. En su comparecencia en las Corts, Puig acusó a los gobernantes de Madrid de imitar a los independentistas catalanes en un sentido inverso, les acusó de llevar a cabo un “procés invisible” para desentenderse del resto de España. “El efecto capitalidad ha convertido Madrid en un generador de diferencias y desigualdades”, dijo.

Hace un mes, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el dirigente territorial del PSOE más amigo del Partido Popular, anunció que piensa proponer una iniciativa legislativa para que el Gobierno de España dicte normas de armonización y convergencia fiscal entre las comunidades autónomas para evitar situaciones de competencia desleal. “¿Qué es eso de vivir aquí, hacer como que uno, cuando fallece, fallece en otra comunidad porque le regalan los impuestos, y luego enterrarse aquí? ¿Qué es eso, además de una obscenidad? Eso es una barbaridad”, dijo García-Page, y todo el mundo lo entendió.

La discusión viene gestándose desde hace varios años, tanto es así que una comisión de expertos convocada por el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el autor del presupuesto más prorrogado en la historia de España, recomendó en 2017 establecer unos topes en algunos impuestos de gestión autonómica (sucesiones, donaciones y patrimonio, fundamentalmente) para evitar situaciones de competencia desleal. El debate viene planteándose desde hace años, pero el autobús que lo ha transportado esta semana al centro de la plaza pública lo conducía Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso.

ERC ha querido situar la cuestión de la fiscalidad de Madrid en el centro de su pacto con el Gobierno sobre los presupuestos del 2021 y podemos estar seguros que no lo ha hecho de manera ingenua. Han tirado el anzuelo y al cabo de unos minutos todos los peces picaban, comenzando por el Partido Popular (pescado azul) y Ciudadanos (pescado plateado con vetas anaranjadas). Un buen MacGuffin, que dirían los cineastas. La derecha ha picado y en Junts per Catalunya, los rivales más inmediatos de ERC en las próximas elecciones catalanas, se les han puesto los ojos como platos: no es fácil acusar a Esquerra de “traición” (por el hecho de aprobar los presupuestos), mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llama a levantar barricadas para defender la soberanía fiscal de la capital de España.

El debate está en marcha y ya no tiene vuelta atrás. Durará tiempo y se traducirá en decisiones concretas. Todo indica que Pedro Sánchez está dispuesto a legislar sobre esta materia, con amplio apoyo en las autonomías, con el silente apoyo, incluso, de algunas de las autonomías gobernadas por el PP. Al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el concepto “armonización fiscal” no le disgusta. En un país en el que la última novedad en el léxico es el concepto “España vacía”, la capital tiene algo que decir al respecto. En medio de una epidemia con graves consecuencias sociales, pedir que todos bajen impuestos no parece la respuesta más inteligente.

En el corto plazo,la presidenta Díaz Ayuso gana protagonismo como ardiente defensora de Madrid Distrito Fiscal. Algunos medios de comunicación incluso se pueden permitir la demagogia de afirmar que los catalanes quieren subir los impuestos a los madrileños, pero cualquier observador medianamente sereno de la realidad sabe que si el Partido Popular se convierte en el ‘partido de Madrid’ no verá aumentar las posibilidades de ganar unas próximas elecciones generales. Jaque de ERC a Ciudadanos, que al cabo de unas horas anunciaba su voto negativo a los presupuestos generales del Estado. En estos momentos, las posibilidades de una moción de censura en la Asamblea de Madrid, con Ciudadanos alineándose con el PSOE y Más Madrid, se han reducido a cero, si es que alguna vez tal idea tuvo viabilidad.

No será una discusión fácil, sin embargo. Hay razones para criticar la política fiscal de Madrid, pero la capacidad de combate político de las clases altas y medio-altas de la capital de España no puede ser menospreciada. Disponen de potentes altavoces y de fuertes palancas de presión.

Incomodidad en el País Vasco y en Navarra. Ese melón, tal y como se está abriendo, no interesa a los foralistas.

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