Presión sobre los propietarios para que ofrezcan alquiler social a los ocupas

Inmobiliario

La Administración envía cartas, aunque no haya obligación legal de alojarles

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Casa tapiada para evitar la ocupación en Terrassa      

César Rangel

Las administraciones públicas catalanas, y especialmente la Agencia Catalana de l’Habitatge de la Generalitat, están enviando cartas de requerimiento a propietarios de viviendas ocupadas advirtiéndoles que deben ofrecer un alquiler social a las personas que viven en ellas, aunque en muchos casos los propietarios no tienen ninguna obligación legal de hacerlo.

Según Marc Cucala, socio fundador del bufet InLegis, “están recibiendo estos requerimientos pequeñas empresas, propietarias de 3 o 4 pisos e incluso propietarios particulares. No son expertos en leyes, y cuando reciben esta carta de la Administración catalana se asustan y efectivamente firman un alquiler social con los ocupas. Y entonces sí que no tienen ya ninguna manera de recuperar la vivienda”.

La Agència Catalana de l’Habitatge es la administración más activa en el envío de requerimientos

Cucala explicó que su despacho lleva años asesorando a propietarios de pisos que sufren ocupaciones, o a pequeños inversores que los compran a bajo precio para hacer ellos mismos los trámites de desalojo “y estamos recibiendo cinco cartas de este tipo a la semana, algo que no nos había pasado nunca”. El 95% de las comunicaciones son de la Agència Catalana de l’Habitatge (ACH) “aunque también hay alguna de algún ayuntamiento”.

El alquiler social obligatorio está regulado por dos leyes catalanas de emergencia en el ámbito de la vivienda, del 2015 y el 2022. Según la ACH solo están obligados a ofrecer un alquiler social en caso de ocupación ilegal los grandes tenedores, que define como entidades financieras y sus filiales, fondos de inversión, de capital riesgo y de gestión de activos, como la Sareb; empresas que tengan más de 10 viviendas o particulares con más de 15.

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Pero además, aun si se trata de un gran tenedor, solo tienen la obligación de ofrecer un alquiler social a los ocupantes ilegales si la vivienda estaba inscrita en el registro de viviendas vacías y ocupadas ilegalmente y si la ocupación se produjo antes del 1 de junio de 2021. Además, solo tienen derecho a ese alquiler social los ocupantes ilegales que no hayan rechazado una oferta de vivienda social de cualquier administración, que sean calificados como en riesgo de exclusión por los servicios municipales, y que tengan arraigo y convivencia en su entorno vecinal.

Portavoces de la Agència de l’Habitatge negaron que hayan cambiado su funcionamiento y aseguraron que solo envían requerimientos para ofrecer un alquiler social a los propietarios que están obligados a ello.

Según Cucala, sin embargo, un gran porcentaje de las cartas corresponden a casos en los que no se cumplen los requisitos que establece la ley. “En muchos casos el propietario responde a la Administración negándose a ofrecer el alquiler, y acreditando que no está obligado, y esta lo reconoce y archiva el expediente. En otros casos, sin embargo, en los mismos supuestos, la Administración persiste, parece que en función del funcionario”.

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La reclamación por vía administrativa resuelve favorablemente la mayoría de los casos, aunque InLegis tiene cuatro casos en los juzgados, en reclamaciones contencioso-administrativas, que tienen previsto el juicio en el 2024.

La nueva ley de Vivienda no ha cambiado la obligación de ofrecer alquiler social, pero cuando se aprueben las zonas de mercado tensionado sí que permitirá a la Generalitat bajar los requisitos para ser considerado gran tenedor, de manera que lo serán quienes tengan más de 5 pisos.

Cucala recuerda que la Administración también requiere a los grandes tenedores a que ofrezcan un alquiler social cuando un inquilino que cumple los requisitos para ser considerado vulnerable impaga la renta o rechaza abandonar la vivienda cuando acaba el contrato de arrendamiento. “En esos casos las ley obliga a todos los grandes tenedores, sin excepciones, a ofrecer un alquiler social”, aclara.

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